Los máximos responsables políticos de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana deberán declarar como imputados por el desalojo policial de los indignados del Movimiento 15-M que estaban acampados en la plaza de Cataluña de Barcelona. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona, Josep Maria Miquel Porras, ha citado a declarar al director general de la policía catalana, Manel Prat, y a la exconcejal de Seguridad en el Ayuntamiento, la socialista Assumpta Escarp. También deberán dar explicaciones por la carga del 27 de mayo de 2011 los responsables de aquel operativo: el jefe de dispositivos, Antoni Antolín, y el de antidisturbios, David Bordas, ambos de los Mossos.
Los acampados durante las protestas del Movimiento 15-M fueron desalojados de la céntrica plaza de Cataluña con el argumento de que había que "limpiarla" y retirar objetos contundentes que podían suponer una amenaza. Las imágenes de la carga policial dieron la vuelta al mundo. La operación policial fue criticada por la Fiscalía Superior de Cataluña por "desmesurada" y "desproporcionada" y motivó decenas de denuncias contra los responsables políticos; entre ellos, el consejero de Interior, Felip Puig, que tiene condición de aforado. La citación como imputados de los responsables políticos y los mandos policiales, que deberán declarar en las próximas semanas, deriva de una querella respaldada por medio centenar de afectados.
Trato "vejatorio"
La querella fue admitida a trámite hace poco más de un mes y denunciaba el trato "intimidatorio, amenazante y vejatorio" que recibieron los indignados por parte de los agentes de los Mossos d'Esquadra. El juez ha tomado declaración a los afectados y ha examinado numerosos documentos gráficos para evaluar si la policía autonómica pudo vulnerar el derecho de reunión de los acampados.
Tras la brutal carga, agentes de la Guardia Urbana retiraron los objetos sin ningún cuidado y los trasladaron a un descampado de Barcelona, lo que causó en esos objetos "daños irreparables", recoge el juez en la providencia de diciembre. Porras recordó entonces que, contraviniendo las normas, los antidisturbios no lucían su número de identificación y estimó que aquella orden pudo ser dada por el consejero Puig.
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